La transformación digital no sólo afecta al sector privado, aunque a menudo se le califique de más innovador. Desde la informatización de la administración pública en los años 60 hasta las últimas aplicaciones de la inteligencia artificial por parte de las autoridades territoriales, la acción pública parece cada vez más digitalizada (y todavía "en digitalización"). Por lo tanto, esta acción pública en la práctica que se traduce en servicios públicos locales ha cambiado mucho de forma tangible. La digitalización parece haber dado poder al sector público. Las misiones emprendidas por las autoridades locales se han mejorado y los ciudadanos participan cada vez más en el servicio público y en el proceso de toma de decisiones.
Desde el punto de vista jurídico, ¿tienen estos servicios públicos locales digitalizados que respetar nuevas obligaciones? ¿Cómo trazar una línea entre la responsabilidad pública y la privada cuando los servicios públicos utilizan constantemente plataformas digitales privadas? ¿Qué límites tienen los servicios públicos? ¿Qué legitimidad?
Como este tema está directamente relacionado con los asuntos de la transformación del sector público y la revolución digital, estoy trabajando estrechamente con el equipo de Horizons publics; publicando una crónica cada dos meses en la revista
